Normativa sobre el Patrimonio Histórico Español.

Como ya expliqué en la entrada anterior, el Patrimonio Documental es el conjunto de fondos documentales que, por su valor histórico, artístico, científico, así como por la temporalidad de su origen, han llegado a formar parte de la memoria histórica de un pueblo.

También vimos que esta normativa arranca con el artículo 46 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. ”

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Ahora bien, el contenido de este no puede entenderse en toda su extensión si no se pone en conexión con otros preceptos constitucionales que regulan la materia cultura. Además de la declaración que se hace en el Preámbulo respecto a la promoción de la cultura como fin último de la Constitución y, por tanto del Estado, también el artículo 9.2, establece que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de los ciudadanos en la vida cultural. El artículo 48, dentro de la categoría de los principios rectores de la política social y económica, establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo cultural.

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El texto fundamental que desarrolla el artículo 46 de la Constitución es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en la cual en su Título VII se habla del Patrimonio Documental dividido en dos capítulos: Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y De los Archivos, Bibliotecas y Museos. Este contiene un total de 18 artículos (48-58 y 59-66). Algunos de estos artículos son:

Artículo 51.

1. La Administración del Estado, en colaboración con las demás Administraciones competentes, confeccionará el Censo de los bienes integrantes del Patrimonio Documental y el Catálogo colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico conforme a lo que se determine reglamentariamente.

Artículo 52.

1. Todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico están obligados a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en lugares adecuados.

2. Si los obligados incumplen lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración competente adoptará las medidas de ejecución oportunas, conforme a lo previsto en el artículo 36.3 de la presente Ley. El incumplimiento de dichas obligaciones, cuando además sea desatendido el requerimiento por la Administración, podrá ser causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes afectados.

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Por otro lado, el Código Penal, en su artículo 324 dice: “El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con una pena de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismo.”

Fuentes:

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=46&tipo=2

http://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12534-consolidado.pdf

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